Reformular el modelo para separar el coste de la I+D del precio del fármaco

«Aprovechar la reforma de la Ley de Patentes, incluyendo una enmienda en el Senado, para limitar los derechos por el abuso que se hace de las licencias» es una de las recomendaciones que un grupo de expertos han recogido en un informe para blindar el uso de medicamentos ante «los precios injustificados y desorbitados». Así lo expone el documento ‘Acceso a los nuevos medicamentos. El ejemplo de la hepatitis C: costes, precios y patentes’ presentado en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC).
Un análisis que ha servido para que médicos, economistas y abogados recojan distintas fórmulas para garantizar el acceso a las innovaciones y que recoge las peticiones de la OMC de alterar las licencias. Como destacó su presidente Juan José Rodríguez Sendín, «hay que revisar el sistema de patentes y ponerle límites en beneficio de los pacientes». A corto plazo los expertos lo tienen claro: si no se pone solución «basta con un número de innovaciones no muy alto para que la estructura del Sistema Nacional de Salud (SNS) se resquebraje», destacó el jurista Javier Sánchez-Caro.
El problema de inequidades que genera el alto precio de los fármacos podría ir en aumento a juicio de los expertos, sobre todo, si se tiene en cuenta que «las patentes químicas han crecido un 5 por ciento, pero las biotecnológicas lo han hecho más de un 12 por ciento», explicó Ramón Gálvez, neurólogo y experto en gestión sanitaria y dirección hospitalaria.
Ante este panorama hay que reformular el modelo y por tanto, «conseguir un nuevo equilibrio entre el interés público, en este caso de la sociedad, y el beneficio privado, de la industria farmacéutica», comentó el ex secretario general de Sanidad, Fernando Lamata.
Las herramientas para ello ya están a disposición de todos, por ello, aprovechando la revisión legislativa que se está haciendo de la ley los autores son partidarios de alterar las patentes. «La legislación contiene elementos suficientes para hacer frente al problema, mediante excepciones y limitaciones», planteó Sánchez-Caro. Esta solución, además, podría ir de la mano de otras fórmulas, como auditar las negociaciones entre la Administración y la industria para que el precio se ajuste al coste de forma justa y prudente.
Además, señalan que condicionar el mantenimiento de las patentes a la fijación de precios sería también necesario. De esta manera, habría que establecer un control riguroso de la actuación de la Comisión de Precios y del Comité Asesor, así como de los conflictos de intereses y régimen de incompatibilidades. De hecho, «el 85 por ciento del presupuesto de la Agencia Europea proviene de las tasas que la industria paga por las autorizaciones de nuevos fármacos», advirtieron. Una buena forma de hacerlo sería publicando las actas de dichos órganos.
Pero los expertos van más allá, y el hecho de que el derecho de las empresas a obtener beneficios colisione con el derecho a la salud y la vida es motivo más que suficiente para quitar opacidad a todo este proceso. Así, Sánchez-Caro, instó a dar más transparencia a los costes de fabricación, así como de investigación y desarrollo, «explicando las ayudas públicas en los ensayos clínicos», y la industria farmacéutica debería detallar qué beneficio esperado se incluye en el precio. En este sentido, habría que descontar de los costes de producción toda la inversión pública recibida para la I+D.
Asimismo, los expertos son partidarios de utilizar la evaluación coste-beneficio para rechazar la financiación pública de un medicamento que no aporte valor, pero no para fijar el precio.
Licencias obligatorias
Tanto Lamata como el resto de autores aseguran que de no llegar a un acuerdo entre Gobierno e industria para ajustar los precios a los costes, habría que conceder licencias obligatorias y promover la fabricación de genéricos en otras empresas. «Si no hay empresas interesadas en la fabricación de genéricos, o se bloquean estas iniciativas por la compañía original, habría que organizar la producción de genéricos en un laboratorio público», matizó el ex secretario general de Sanidad.
A nivel Europeo la situación parece más complicada, ya que no es la primera vez que Europa intenta hacer un frente común para diseñar una estrategia que garantice el acceso a los fármacos, acordando una reducción drástica de los precios. En 2014, como recuerda Gálvez, ya se intentó llevar a cabo con los fármacos de la hepatitis C. Además, como destacaron los expertos las compañías negocian sus precios en el ámbito nacional teniendo en mente cómo puede afectar el precio fijado en un país sobre los que se fijarán en otros países. «De esta forma rechazarán acuerdos de precios más bajos, para evitar la aplicación automática mediante el sistema de precios de referencia en otro país», explicó Lamata.
Con todo, los expertos defienden fórmulas como la compra centralizada, reducir el tiempo de protección de la patente y vincular la financiación de I+D al establecimiento de licencias socialmente responsables.
En el marco mundial, son partidarios de promover un convenio estableciendo mecanismos para la fijación de prioridades, la coordinación de esfuerzos de la I+D y la creación de un fondo global público.
En esta línea, los autores tienen claro que los gobiernos tienen que abordar una serie de medidas complementarias de forma inminente. La negociación y fijación de precios más bajos; el reembolso de los medicamentos que aporten valor y la desfinanciación de los que no; alterar las patentes cuando sea necesario; y darle más papel a la Unión Europea.
En definitiva, instan a los partidos políticos a hacer propio este documento como herramienta de cambio.
Fuente: Gaceta Médica