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La nueva pandemia: medicamentos falsos

Una epidemia global de medicamentos falsos. Así de rotundo es el informe publicado ayer en el «American Journal of Tropical Medicine and Hygiene» sobre el comercio cada vez más extendido de fármacos fraudulentos. La venta ilegal de estos productos en todo el mundo podría estar causando entre 100.000 y un millón de muertes al año. Afortunadamente, España es uno de los países menos expuestos al problema. Aquí, el sistema de distribución de medicamentos impide que se detecten casos en el canal legal (hospitales, farmacias o parafarmacias), de manera que en la inmensa mayoría de los casos cuando consumimos una píldora podemos tener la certeza de que estamos ingiriendo exactamente lo que pone en la etiqueta. A pesar de ello existe una creciente tendencia a la compra de fármacos por canales no regularizados (por ejemplo, en internet), donde las posibilidades de fraude aumentan.

En otros países, sobre todo en los menos favorecidos, la distribución de medicamentos no cuenta con los controles de seguridad suficientes para impedir la penetración de productos falsos. Se considera un medicamento falso todo aquel que no cumple con la información que aparece en su etiquetado, bien porque no contiene todos los componentes que asegura contener, bien porque no ha pasado los controles de seguridad necesarios o porque, directamente, carece de principio activo alguno. Expertos de la Universidad de San Diego han querido analizar el verdadero impacto de esta práctica comercial ilegal y se han llevado una gran sorpresa: existen muy pocos estudios sobre la incidencia de los medicamentos falsos y el mundo carece de sistemas suficientes de monitorización de su procedencia y extensión. Oficialmente, entre los años 2009 y 2011 se registraron 1.510 casos de venta de fármacos no estandarizados. Se detectaron gracias al trabajo de una organización sin ánimo de lucro, Pharmaceutical Security Institute (PSI), con base en Viena y que trabaja para mejorar la seguridad de los productos sanitarios. Pero es obvio que las cifras oficiales no suponen más que un pequeño porcentaje de los casos reales. Si se suman a los fármacos falsos otras fuentes de preocupación como el uso indebido de medicamentos en países que no tienen autorización para hacerlo o el robo de cargamentos de los mismos para ser vendidos en el mercado negro, el PSI detectó en 2013 casi 3.000 episodios. Aún así, la cifra debe de ser mucho mayor.

Asia es la región del mundo donde más casos de uso ilegal de medicinas se registran. Curiosamente, el segundo puesto lo ocupa Europa. Los medicamentos falsos más consumidos son los que tienen que ver con desórdenes metabólicos (para combatir el colesterol, para reducir el sobrepeso, etc.). Les siguen los antivirales, entre los que destacan los medicamentos contra la malaria y el HIV. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, un tercio de los medicamentos falsos decomisados no contenían ningún principio activo y más del 20 por ciento presentaba cantidades erróneas de principio activo o ingredientes equivocados. Otras prácticas criminales descubiertas son el empaquetado fraudulento y la presencia de altas cantidades de impurezas en el preparado.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios cuenta desde 2012 con una estrategia específica contra este mal que transpone la directiva 2011/62 de la Unión Europea. Pero la venta de fármacos falsificados sigue siendo un negocio muy lucrativo y creciente a escala global. En algunos países en los que se han tomado medidas de control más drásticas, los resultados han resultado muy positivos. Ayer también se dio a conocer el primer estudio en profundidad de la penetración de antimaláricos falsos en Camboya y Tanzania. En ambos casos se detectó una disminución considerable de la venta de píldoras fraudulentas aunque un 31 por ciento de las muestras estudiadas en el país asiático y un 12 por ciento de las analizadas en el africano estaban siendo comercializadas por debajo de los estándares de seguridad y calidad exigibles.

Fuente: La Razón

49 detenidos en varias ciudades por tráfico ilegal de medicamentos

La Guardia Civil, en el marco de la operación NOISA, ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilegal de medicamentos producidos de forma controlada para personas que se encuentran bajo un tratamiento determinado, a través de la operativa conocida como ‘comercio inverso’, por la que ha detenido a 49 personas en varias ciudades de España, entre ellas Barcelona.

Entre ellos hay doce farmacéuticos, detenidos por delitos de organización criminal, contra la salud pública y contra la hacienda pública, ha detallado hoy el coronel Rubén Valero en una rueda de prensa en la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid.

Entre los detenidos está el principal encausado de la organización, C.I.L.L., residente en La Coruña, quien a través de relaciones personales y familiares tenía un acceso y control absoluto de la organización y de las líneas de adquisición y distribución de medicamentos.

‘Comercio inverso’ y apoyándose en un entramado empresarial
Con el método del ‘comercio inverso’ y apoyándose en un entramado empresarial declarado en parte como almacén mayorista de medicamentos adquirían fármacos de diversa naturaleza directamente de un número considerable de farmacias distribuidas en diversos puntos deEspaña eludiendo el canal regular de fabricación y distribución de medicamentos.

Este sistema constituye una práctica prohibida, ya que las farmacias únicamente pueden dispensar a particulares y nunca a empresas o distribuidores.

La operación se ha desarrollado de manera conjunta con la Agencia Tributaria, que ha participado en los registros efectuados y se encargará de la cuantificación del fraude fiscal presuntamente cometido por la organización.

Los ofertaban principalmente fuera de España, por lo que han puesto en riesgo la salud del colectivo de personas que dependen de estosfármacos.
En los registros efectuados -en Barcelona, La Coruña, Lugo, Valencia y Madrid-, los agentes han incautado de gran cantidad de medicamentos, entre los que se encuentran más de 1.200 envases de medicamentos psicotrópicos, un revólver, 60.000 euros y 4.000 dólares, numerosa documentación, equipos informáticos y seis vehículos de alta gama.

La investigación se inició tras interponer una asociación infantil de lucha contra el cáncer una denuncia, donde se ponía en conocimiento de la Guardia Civil el desabastecimiento en el mercado de ciertos medicamentos para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

A partir de la denuncia, la Guardia Civil realizó una investigación que permitió identificar a una organización perfectamente estructurada que operaba en todo el territorio nacional, especialmente en Barcelona, Coruña, Lugo, Valencia y Madrid.

Revendían los medicamentos fuera de España
La trama investigada solicitaba a las farmacias medicamentos para posteriormente ser reenviados a empresas radicadas en el extranjero. El beneficio obtenido es que medicamentos adquiridos en España a precio de mercado tasado y regulado (más una comisión entregada a la farmacia que de este modo también se beneficia) se vendían en terceros países (fundamentalmente Dinamarca, Reino Unido, Suiza y Holanda) a precio de mercado libre muy superior obteniendo así cuantiosos beneficios.

De este modo se constató que la Oficinas de Farmacia, a través de sus proveedores habituales, obtenían los medicamentos requeridos por la trama, y una vez completado el pedido, contactaban con los investigados, con vistas a la recogida del mismo por personas contratadas para ello (‘agentes’) que se desplazaban hasta la farmacia, o bien mediante empresas de paquetería, efectuándose los transportes en condiciones que no garantizan una conservación adecuada de los medicamentos.

Para dificultar ser detectados, la organización creó un entramado de más de 40 empresas pantalla, que le servían de tapadera para justificar los envíos y cuadrar las actividades económicas.

Los efectos del ‘comercio inverso’
El desarrollo de esta operación, al igual que otras realizadas de forma reciente, ponen en evidencia los efectos negativos de este tipo de actividad, entre las que destacan el desabastecimiento del mercado interior, ya que para satisfacer las necesidades del sistema de salud español, los laboratorios farmacéuticos deben mantener en el mercado español una cuantía de medicamentos fijada por las autoridades sanitarias.

Así, si una parte de estas dotaciones son exportadas de manera irregular y sin control al exterior, existen riesgos de desabastecimiento en España, provocando que los pacientes no puedan acceder a su medicación y poniendo en riesgo su salud.

Este ha sido uno de los principales efectos constatados en esta investigación, donde la operativa criminal ha afectado de manera notable a un colectivo de pacientes especialmente sensible, como son losenfermos de cáncer infantil.

Otro de los efectos es el riesgo para la salud de los consumidores finales de los medicamentos traficados, puesto que al sacarlos del canal regular y legal de distribución, se pierde la trazabilidad y el control de los medicamentos, por cuanto dejan de estar sometidos a las medidas de conservación y seguridad adecuadas.

También se producen perjuicios económicos para los fabricantes y distribuidores. Los fabricantes surten el mercado español a un precio tasado, mientras que en otros países compiten en un mercado libre que frecuentemente les reporta mayores beneficios. Abastecer a otros países de medicamentos mediante un reenvío de mercado paralelo con productos que inicialmente fueron vendidos en España a precio inferior, supone competencia desleal con los fabricantes.

Perjuicios para la Hacienda Pública
Y además este tipo de comercio ilegal ocasiona perjuicios para la Hacienda Pública derivados de la ocultación de operaciones, con la posible comisión de delitos fiscales y blanqueo de capitales. La mayoría de estas tramas operan en dinero negro sustrayendo al fisco los impuestos correspondientes.

La investigación se ha desarrollado por la Unidad Orgánica de PolicíaJudicial de la Comandancia de Madrid en el marco de diligencias previas instruidas por el JI número 46 de Madrid, con el apoyo de diversas Unidades de la Guardia Civil, y de manera coordinada y en colaboración con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Grupo de Investigación GISS), las Consejerías de Sanidad-Inspecciones de Farmacia de varias Comunidades Autónomas, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Fuente: La Información