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El acuerdo UE-Canadá favorecerá el acceso del paciente a tratamientos innovadores, según la industria farmacéutica europea

El Tratado Económico y Comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA), aprobado el pasado miércoles, día 15 de febrero, por el Parlamento Europeo, permitirá -entre otros beneficios- consolidar y armonizar la protección de la propiedad industrial en el ámbito farmacéutico, favoreciendo el acceso a nuevos medicamentos de los pacientes europeos y canadienses.

Esta es la posición hecha pública acerca del Tratado por parte de la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (EFPIA), que considera en un comunicado que el comercio internacional constituye “un factor clave para el crecimiento, el empleo y la competitividad de la industria farmacéutica innovadora en Europa”. De hecho, el acuerdo destaca “la misión de la industria farmacéutica de desarrollar nuevos tratamientos innovadores para los pacientes”.

El Tratado constituye a su vez, según EFPIA, “un positivo paso adelante a la hora de armonizar las reglas del juego de las compañías farmacéuticas europeas que operan, invierten e investigan en Canadá”.

En la misma línea, Farmaindustria también valora positivamente el Tratado CETA, ya que la cooperación regulatoria que supone permitirá beneficiar a pacientes, investigación, sistemas de salud y economía. En concreto, como señala la directora del Departamento de Internacional de Farmaindustria, Iciar Sanz de Madrid, el CETA permitirá “aumentar la eficiencia en la aprobación de nuevos fármacos a través de una mayor armonización regulatoria; favorecerá así mismo la creación de empleo en el sector farmacéutico y se traducirá en una optimización de los recursos gracias al reconocimiento mutuo de la inspección de las plantas de producción”.

“Por último -agrega Sanz de Madrid-, debemos recordar los beneficios específicos en materia de protección de propiedad industrial para las compañías innovadoras europeas que operan en Canadá: derecho de apelación para los innovadores en caso de infracciones de propiedad industrial; compensación de periodos de protección de patente; y refuerzo y cumplimiento efectivo del periodo de protección de datos que, unidos a los demás efectos positivos incluidos en CETA, redundará en un acceso más rápido para los pacientes a los medicamentos innovadores que necesitan“.

Fuente: El Médico Interactivo

En 2016 se han aprobado menos medicamentos que en años anteriores

La EMA y la FDA, las dos principales autoridades reguladoras del mercado farmacéutico en Europa y América, respectivamente, han autorizado en 2016 menos medicamentos nuevos que el año anterior. De hecho, en el caso de la FDA el número de aprobaciones es el más bajo de los últimos 6 años con 22 nuevos medicamentos innovadores, la mitad de los 45 aprobados el año anterior y volviendo a niveles de 2010. En Europa, la EMA recomendó la prescripción de 81 nuevos productos, frente a los 93 de 2015, aunque entre ellos también incluye medicamentos genéricos.

Esta desaceleración sugiere que la industria farmacéutica podría estar volviendo a unos niveles de productividad más normales después del repunte en las aprobaciones experimentado en 2014 y 2015, cuando el número de nuevos medicamentos que llegaron al mercado alcanzó los niveles más altos en los últimos 19 años.

John Jenkins, director de la oficina de nuevos fármacos de la FDA, reconoció el mes pasado que en esta caída de las aprobaciones se debía a varios factores, como el hecho de que cinco nuevos fármacos que pensaban aprobarse en 2016 se adelantaran y finalmente vieran la luz a finales del año anterior. También hubo una disminución en las solicitudes de autorización y la FDA también rechazó o retrasó más peticiones que en años anteriores. Dentro de estos retrasos que todavía podrían ver la luz están el fármaco para la esclerosis múltiple de Roche Ocrevus o el sarilumabm desarrollado por Sanofi y Regeneron para tratar la artritis reumatoide.

Según la consultora Deloitte, los retornos de la inversión en I+D de las 12 principales compañías farmacéuticas cayeron sólo un 3,7 por ciento en 2016, frente al máximo del 10,1 por ciento registrado en 2010. El aumento de la presión política por los elevados precios de muchos medicamentos innovadores supone un desafío creciente en un momento en que las empresas biotecnológicas y farmacéuticas están desarrollando más fármacos dirigidos a grupos más concretos de pacientes.

Fuente: Diario Médico

El TC argumenta que las subastas no establecen diferencias en el acceso

El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho pública la sentencia que avala las subastas de medicamentos de Andalucía. Tal y como adelantó este periódico la semana pasada, el ente jurídico ha estudiado en su reunión el recurso del Ministerio de Sanidad y ha entendido que no existe invasión de competencias en el sistema andaluz. El recurso emitido desde el Gobierno central entendía que existía una vulneración de las competencias ministeriales, algo que el Constitucional no ha apreciado. La sentencia del TC desestima la argumentación hecha por el Abogado del Estado en la que se pedía la inconstitucionalidad del Decreto Ley 3/2011 del Gobierno andaluz del 13 de diciembre, ya que el Gobierno estimaba que dicha norma andaluza invadía competencia del Estado en dispensación farmacéutica y legislación, incumplía los preceptos de equidad en el acceso e igualdad de precio e interfería en el régimen económico del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En la argumentación del Constitucional hace referencias continuas al ‘cataloguiño’ gallego y señala que no existe problemática competencial, ya que “a nivel estatal (…) no hay una norma básica que condicione o limite las medidas que en materia de dispensación de productos sanitarios pueden adoptar las Comunidades Autónomas y, en consecuencia. De este modo, el TC es cristalino al señalar que, “no podemos entender que la norma andaluza al aprobar una medida como la descrita, que tiende a racionalizar el gasto en materia de productos sanitarios al seleccionar el producto sanitario que debe ser dispensado por la oficina de farmacia cuando se prescriba por denominación genérica, haya producido diferencias en las condiciones de acceso a los productos sanitarios financiados por el SNS, ni en el catálogo ni en los precios”.

El TC indica además que las subastas como norma autonómica no ponen en riesgo el derecho de todos los ciudadanos a obtener medicamentos en condiciones de igualdad en todo el SNS, ya que la norma actúa “sin perjuicio de las medidas tendentes a racionalizar la prescripción y la utilización de medicamentos y productos sanitarios que puedan adoptar las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias”, de tal modo que, no estando discutidas las competencias de Andalucía en materia de sanidad, “la cuestión se reduce a valorar si en su ejercicio ha desbordado los límites que impone el citado precepto de la Ley estatal”.

La sentencia también hace hincapié en que el ciudadano andaluz recibe el fármaco al precio menor como exige la ley, por lo que las subastas no interfieren en este ámbito. “El destinatario de la prestación farmacéutica va a recibir en todo caso el medicamento de precio más bajo, tal y como prevé la norma estatal, la única diferencia es que en Andalucía la selección del precio más bajo la hace el Servicio Andaluz de Salud y en el resto del Estado la hace el farmacéutico, sin que ello suponga perjuicio alguno para el destinatario”. En este sentido, el TC pone en valor que la normativa andaluza no interfiere en la equidad en el acceso. “Debemos afirmar que la selección por el Servicio Andaluz de Salud, a través de la correspondiente convocatoria pública, de los medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia no establece diferencias en las condiciones de acceso a los medicamentos financiados por el SNS, catálogo y precio”.
Nomenclator
Otra de las argumentaciones esgrimidas por el Abogado del Estado residía en que en “Andalucía quedan fuera de la cartera de servicios comunes de la prestación farmacéutica aprobada por el SNS, las restantes presentaciones y productos que figuran en el Nomenclátor estatal y que, sin embargo, no resulten seleccionadas a través del correspondiente concurso”. Sin embargo, la sentencia es clarividente al señalar que “la inclusión de un medicamento en ese Nomenclátor es condición necesaria pero insuficiente para su financiación en cada caso concreto, pues a ello ha de añadirse que para su dispensación es preciso que se trate del medicamento de menor precio dentro de los incluidos en la correspondiente agrupación homogénea (…) la normativa estatal también excluye de la financiación por el Sistema Nacional de Salud a los medicamentos y/o productos sanitarios que superen el precio máximo financiable seleccionado a pesar de figurar en el Nomenclátor”.

Otro de los puntos clave de la sentencia es el que echa por tierra el argumento de que las subastas provocaban situaciones de desabastecimiento de medicamentos, al señalar que en plano meramente legislativo “con carácter excepcional, cuando por causa de desabastecimiento no se disponga en la oficina de farmacia del medicamento prescrito o concurran razones de urgente necesidad en su dispensación, el farmacéutico podrá sustituirlo por el de menor precio”.

Fuente: El Global

GSK lidera el Índice de Acceso a los Medicamentos 2016

GSK ocupa el primer puesto del Índice de Acceso a los Medicamentos por quinta vez seguida, adoptando una posición de liderazgo en investigación y desarrollo, fijación de precios, fabricación y distribución, así como en donación de productos. El índice, que reconoce a GSK por su clara estrategia de acceso a los medicamentos y por la amplia participación de sus empleados, es una valoración independiente del esfuerzo de las 20 compañías farmacéuticas más importantes del mundo por mejorar el acceso a la asistencia sanitaria en los países en desarrollo. GSK se sitúa a la cabeza de este índice que, desde que se creó en 2008, clasifica a las compañías en función de su rendimiento en siete categorías.

Los cambios principales que hemos aplicado a nuestro modelo de negocio nos permiten conseguir que nuestros productos estén disponibles y sean más accesibles a la vez que generamos los beneficios necesarios para mantener nuestra empresa y continuar nuestras inversiones en investigación. No obstante, no podemos quedarnos parados. Aumentar el acceso es un reto complejo y permanente que se refleja en el índice de este año, que es más exigente que nunca. Como empresa y como industria, debemos esforzarnos por llegar más lejos y más rápido en incrementar el acceso a la atención sanitaria. Es un reto para el que estamos preparados y dispuestos a aceptar”.

Sin Andrew Witty, CEO de GSK, comentó sobre el índice de este año que “Durante la última década, el Índice de Acceso a los Medicamentos ha reconocido nuestro compromiso por ampliar el acceso a la asistencia sanitaria. Esto es importante para todos los empleados de GSK y para nuestros colaboradores, que se esfuerzan cada día en investigar, desarrollar y ofrecer medicamentos y vacunas innovadoras. Estos esfuerzos consiguen que, a fecha de hoy, se esté vacunando a más niños en los países más pobres contra enfermedades mortales, que más pacientes de VIH y asma puedan recibir tratamiento y que la atención médica esencial esté llegando a las comunidades más remotas.ç

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Fuente: PR Noticias

Los medicamentos deberán incluir dos dispositivos de seguridad a partir de 2019

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad trabaja ya en el futuro sistema de dispositivos de seguridad de los medicamentos de uso humano, que deberá estar en marcha en el año 2019. El objetivo es la protección de la cadena legal de los medicamentos frente a las falsificaciones.

Estos dispositivos deberán incluirse en los medicamentos sujetos a prescripción (medicamentos con receta), excepto unos pocos excluidos por su bajo riesgo, así como en algunos medicamentos no sujetos a prescripción en los casos en que así se determine, por la Comisión Europea, de acuerdo a su riesgo de falsificación.

De esta forma, a partir de febrero de 2019 la mayoría de los medicamentos deberán incluir dos dispositivos de seguridad en sus envases: un identificador único, que permitirá verificar la autenticidad de cada uno de los medicamentos dispensados, y un dispositivo contra las manipulaciones, que permitirá garantizar la integridad de los mismos.

La información de estos identificadores únicos se albergará en un sistema de repositorios, gestionado y financiado por los fabricantes de medicamentos. Este sistema de repositorios estará integrado por una plataforma central europea a través de la cual se conectarán los sistemas de los distintos países

Fuente: Burgos Noticias

Navarra crea el registro de sospechas de reacciones adversas a medicamentos

Navarra ha creado el Registro de Sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos de Navarra, cuya finalidad es disponer de una base de datos específica a efectos de que los profesionales sanitarios y los ciudadanos puedan notificar al Centro de Farmacovigilancia de Navarra las sospechas de reacciones adversas asociadas a los medicamentos y que los usuarios del Centro de Farmacovigilancia de Navarra puedan gestionar estas notificaciones.

La creación y regulación de este registro, llevada a cabo a través de una orden foral que ha sido publicada en el Boletín Oficial de Navarra,  permitirá mejorar la notificación electrónica y el registro de las sospechas de reacciones adversas a medicamentos, por parte de profesionales sanitarios y ciudadanos.

Del mismo modo, la nueva aplicación permitirá la explotación y evaluación de la información con la finalidad de identificar riesgos previamente no conocidos o cambios de riesgos ya conocidos asociados a la utilización de medicamentos, lo que podrá incluir la realización de estudios de investigación o epidemiológicos. Por último, entre los objetivos declarados se encuentra garantizar una mayor seguridadpara el paciente.

Fuente: Diariofarma

Se crea la sociedad gestora del Sistema Español de Verificación de Medicamentos

La patronal de la industria farmacéutica (Farmaindustria), la de genéricos (Aeseg), el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (Cgcof) y la Federación Nacional de Asociaciones Mayoristas Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas y Productos Parafarmacéuticos (Fedifar) han formalizado hoy la constitución de la sociedad que gestionará el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM), requerido por la Directiva Europea de Medicamentos Falsificados y su Reglamento Delegado, que deberá estar plenamente operativo en febrero de 2019.

A la firma de la constitución han asistido como testigos el secretario general de Sanidad y Consumo, Javier Castrodeza, y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), Belén Crespo.

De acuerdo con lo previsto en la normativa comunitaria, la industria farmacéutica adaptará sus líneas de producción para incorporar en los envases de los medicamentos unos dispositivos antimanipulación y un nuevo código bidimensional (datamatrix), que contendrá un número de serie único y aleatorio para cada envase. Estos números de serie serán volcados en un repositorio europeo, y las farmacias verificarán la autenticidad del envase mediante una conexión telemática correspondiente con el repositorio nacional antes de dispensar el medicamento al paciente. Esta verificación de extremo a extremo será completada por los mayoristas en aquellos casos de medicamentos con mayor riesgo de poder ser falsificados.

Evitar falsificados
El objetivo de la regulación europea es evitar el riesgo potencial de entrada de medicamentos falsificados en la cadena legítima de distribución, reforzando aún más las plenas garantías de los medicamentos que se dispensan en las farmacias. España se adapta a esta regulación europea, si bien el sistema de fabricación, distribución y dispensación seguido en nuestro país hace prácticamente imposible la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal.

SEVeM comenzará su andadura en septiembre de este año con la incorporación del personal clave, y desde entonces y hasta febrero de 2019 se trabajará para hacer realidad este sistema de gran complejidad tecnológica con la involucración de todos los agentes. Las entidades firmantes están comprometidas para llevar a buen puerto esta importante iniciativa, que va a redundar, además de en la mejora de la seguridad de los medicamentos, en un mejor servicio a los pacientes.

“La razón de ser de la industria innovadora es poner al servicio de la sociedad nuevos medicamentos más eficaces para combatir la enfermedad. Y esto es indisociable de garantizar que lleguen a los pacientes que los necesitan de la forma adecuada. Por tanto, asumimos este reto como parte de ese compromiso con la seguridad y la accesibilidad, y en colaboración con el resto de agentes implicados en el medicamento”, señala Antoni Esteve, presidente de Farmaindustria.

Raúl Díaz-Varela, presidente de Aeseg, comenta que, “a pesar de que prácticamente no han existido incidentes de falsificación de medicamentos genéricos, nos hemos puesto a trabajar con el resto de industria y las autoridades competentes para mejorar la seguridad de los medicamentos, como una muestra clara de nuestro compromiso con la salud de los pacientes”.

El objetivo principal de este sistema de verificación, según Jesús Aguilar, presidente del Cgcof, “es dotar de una mayor seguridad, si cabe, al paciente, estableciendo mayores garantías dentro de la cadena legal de suministro de medicamentos. Un modelo donde el farmacéutico, como profesional sanitario, actuará una vez más como garante verificador ante el ciudadano de la autenticidad del medicamento dispensado”.

Por último, Eladio González, presidente de Fedifar, destaca el hecho de que todos los agentes de la cadena del medicamento han logrado llegar a un acuerdo para crear un sistema que dé cumplimiento a la Directiva Europea de Medicamentos Falsificados.

Fuente: Diario Médico

Pfizer prohíbe el uso de sus medicamentos en ejecuciones

Más de 20 compañías estadounidenses y europeas ya habían impuesto restricciones al uso de sus productos para inyecciones letales. Con el paso dado por Pfizer, el mayor fabricante farmacéutico estadounidense, los 32 Estados que permiten la pena de muerte estarán obligados a recurrir, como ya venían haciendo ante los crecientes problemas de acceso, a fármacos en mercados alternativos o en el extranjero para cometer las ejecuciones. También podrán optar por otros métodos, como el fusilamiento de presos. Utah lo reinstauró en 2015.

“Desde hoy, todos los fabricantes aprobados por la FDA [la agencia supervisora del Gobierno estadounidense] han bloqueado sus ventas para uso en ejecuciones”, señaló en un comunicado la ONG británica Reprieve, que aboga por el fin de la pena capital. “Como el mayor y más conocido proveedor, el anuncio de Pfizer blinda la posición de la industria farmacéutica en las ejecuciones. Refleja una extendida incomodidad sobre el procedimiento y propicia preguntas fundamentales sobre la pena capital”.

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Estados Unidos es el quinto país del mundo en número de ejecuciones, por detrás de China, Irán, Pakistán y Arabia Saudí, según datos de 2015 de Amnistía Internacional. La pena de muerte, reinstaurada en 1976, hace de este país una anomalía en el mundo desarrollado y democrático.

Sin embargo, problemas legales y de acceso a medicamentos han propiciado un descenso de las ejecuciones en EE UU. En 2015, murieron 28 personas, muy lejos de las 98 de 1999, según datos del Centro de Información de la Pena de Muerte.

En el anuncio, Pfizer subraya que fabrica fármacos para “salvar vidas” y “objeta fuertemente” su uso para el castigo capital. La decisión llega un año después de que adquiriera Hospira, una empresa que produce siete medicamentos que pueden emplearse en ejecuciones. Hospira ha tratado, sin éxito, de que sus productos no se utilizarán en ejecuciones. Pfizer obligará ahora a los distribuidores a certificar que esos fármacos, ideados para pacientes, no lleguen a centros penitenciarios.

Creciente escasez de fármacos
La decisión de Pfizer llega tras las crecientes dificultades de acceso en los últimos años a los fármacos necesarios para matar legalmente a un preso. En 2014, Oklahoma suspendió una ejecución después de que el reo se convulsionara y murmurara media hora después de administrársele la inyección letal. El preso acabó muriendo poco después de un ataque al corazón. El año pasado, el Estado suspendió otra ejecución por temor a que fuera fallida por una mala combinación de medicamentos.

Problemas logísticos y el creciente boicot de fabricantes propiciaron que en 2010 las prisiones estadounidenses se quedaran sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acaban con su vida (el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos -excepto el corazón- y corta la respiración, y el cloruro de potasio, que detiene el corazón, provocando por tanto la muerte).

Ante la escasez, los Estados han tratado desde entonces de obtener fármacos en farmacias no autorizadas por la FDA o han experimentado con nuevos productos, lo que en algunos casos ha dado resultados fallidos.

Las ejecuciones han quedado inmersas en un aura de secretismo. Las autoridades han requisado medicamentos no autorizados que eran enviados desde el extranjero para utilizarse en ejecuciones. Y los tribunales han intervenido para dirimir si se estaban usando los medicamentos necesarios para minimizar el sufrimiento del reo.

Fuente: El País

El paciente, clave para el desarrollo de medicamentos

La colaboración con las organizaciones de pacientes es “imprescindible” para el desarrollo de medicamentos y para la toma de decisiones sobre acceso, tanto en las fases previas de investigación y desarrollo, como en las etapas posteriores a la autorización. Ésta es una de las conclusiones que se han expuesto en la jornada organizada este miércoles por la plataforma española de la Academia Europea de Pacientes (Eupati) junto a la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

El papel del paciente en decisiones médicas es crucial. En España, el Real Decreto 1090/2015 regula en su artículo 15 la necesidad de incorporar en los comités éticos vinculados con el desarrollo de ensayos clínicos un representante de los pacientes. Además, en los últimos años se ha impuesto la vsisión de que “ninguna intervención debería decidirse por cualquier entidad sin la participación plena y directa de los miembros del grupo afectado por esa intervención”. Por esta razón, los pacientes necesitan estar bien preparados, así, con esta jornada se quiere contribuir a la profesionalización de las organizaciones de pacientes, dotándolas de herramientas útiles y facilitando su formación.

Por su lado, Eupati ofrece, a través de su biblioteca dinámica, recursos para capacitar y empoderar a los pacientes, promoviendo la correcta representación de sus intereses y derechos.

Fuente: Correo Farmacéutico

El filtro legal es la piedra angular del proceso de elección del nombre para un medicamento

Quien más quien menos se ha encontrado en la tesitura de no pronunciar correctamente el nombre de un medicamento por su dificultad. Del mismo modo que la nomenclatura de otros fármacos destacan por su simpleza.
El proceso de creación del nombre de un nuevo medicamento es complejo y lleno de obstáculos para los equipos de marketing de la industria. Como ocurre en el mercado farmacéutico, en función del tipo de medicamento, nombrar un fármaco cuenta con más o menos dificultades. Aunque existe una regla básica a tener en cuenta. Si el fármaco por bautizar es de prescripción la legislación impide que tenga referencias explícitas a su eficacia, mientras que si el fármaco es un Over the Counter (OTC) la legislación es más laxa y el nombre puede incluir los beneficios que lleva aparejados el medicamento en cuestión.
Tras esta aclaración inicial, se extrae que el filtro legal es la piedra angular sobre la que pivota la elección apropiada. De ahí que nombrar un medicamento es un ejercicio que depende tanto de la creatividad del equipo de marketing , de la agencia de naming o del departamento jurídico de la compañía.
El proceso de creación de un medicamento tiene tres partes. La primera es la fase de conceptualización donde se incluyen los distintas ideas a comunicar en el nombre. En el caso de medicamentos considerados publicitarios como se puede hablar de beneficios suele ser más sencillo. Es en esta primera parte, donde se define el mensaje que el nombre debe evocar y su morfología. A partir de ahí empieza la fase creativa, que consiste en desarrollar el máximo número de alternativas para enfrentarse a problemas de registro. En este punto es donde se aplican los diferentes filtros: jurídico, de marketing, fonético y morfo-sintáctico. Tras este proceso sobreviven un número indeterminado de nombres denominado Short List, que variará en función del si el medicamento es de prescripción y OTC.

Control lingüístico y jurídico 
En este punto es donde se inicia la fase de validación, en la que se vuelve a aplicar un control lingüístico, filtros de internet y jurídico a fondo y un test de nombres para que una vez despejada la ecuación resulten varias denominaciones definitivas. A partir de este momento comienza la parte más crítica y sensible de la elección de un nombre: el proceso de solicitud de marca. “Para nosotros el proceso de elegir un nombre es interno, ya que tenemos mucha experiencia, pero de vez en cuando con algún proyecto determinado en el que quiero una perspectiva diferente trabajamos con una agencia de naming en Barcelona”, asegura a EG Katherine Rice, responsable de Marketing de Cuidado de la Salud de Cinfa.
En este sentido, Rice señala el principal escollo al que se enfrentan. “Se te puede ocurrir un nombre superbueno, pero puede estar registrado con anterioridad o puede ser muy parecido al de otra marca y la otra empresa se va a oponer. El proceso de naming tiene que conseguir el Trade Mark (nombre comercial). Cuando lo registras, existen tres meses para que cualquiera se pueda oponer”, destaca. Para Rice el nombre perfecto “tiene que ser corto, autoexplicativo, memorable y que de alguna manera si puede indique la categoría”, destaca la especialista de Cinfa en procesos de naming.
Por su parte, Ignasi Fontvila, propietario de la agencia de naming Nameworks indica los principales obstáculos ante los que se enfrenta a la hora de nombrar un fármaco de prescripción. “No se puede hablar de la eficacia de ese nuevo producto. La ley entiende que los medicamentos no son igual de eficaces en todos los organismos”, señala Fontvila, que ha desarrollado más de 60 proyectos de este tipo —la mayor parte en prescripción— para la industria farmacéutica global en compañías como GSK, Boehringer Ingelheim, Almirall, Cinfa, Lacer, Esteve, Ordesa, Sanofi, Merck y para agencias internacionales de Estados Unidos, Francia o Suiza.
Fontvila indica que “hay cuatro maneras de abordar al medicamento de prescripción. Evocar al componente o principio activo. Hacer referencia a la indicación. Nombres que sutilmente recuerde algún beneficio final como por ejemplo Levitra contra la disfunción eréctil. Este tipo de nombre intenta evocar un beneficio final sin que sea evidente, ya que la ley lo prohibe. El cuarto es un nombre abstracto en función de la fonética.

Práctica habitual 
El ratio de rechazo de los nombres de los cuerpos regulatorios está cerca del 40 por ciento y eso que cuando un laboratorio somete a un nombre a la agencia norteamericana (FDA) o a la europea (EMA) “ya ha pasado una serie brutal de filtros”, afirma Fontvila. Los laboratorios presentan 6 ó 5 nombres, de los que pasan 2 ó 3. “Existe una práctica por la cual las empresas registran, a parte del nombre interesado muchos similares para curarse en salud y evitar nombres similares por parte de la competencia, pero es una práctica habitual en todos los ámbitos, no solo en el campo farmacéutico”, señala Fontvila.
Esto lo que provoca es que en el proceso de elección de un nombre, los laboratorios empiecen a trabajarlo de tres a cinco años de antelación, impensable en un producto de otro sector. “Normalmente empiezan a pensar el nombre cuando el ensayo clínico está en fase III, empiezan a encargar el tema de branding y definición de valores de marca”, apunta Fontvila.
Otro de los aspectos más destacados es el coste de los servicios de una agencia de naming. “La horquilla de precio para un OTC oscila entre 5.000 y 8.000 euros en mercado local. Para una internacional puede variar mucho. Desde 800.000 euros a 30.000 euros. Depende de la agencia, el tipo de fármaco y el servicio que ofrezcas. Esto eran precios pre-crisis. Ahora no se pagan esa cantidades, ni las supergrandes”, confiesa Fontvila.

Fuente: El Global